Sin lugar a dudas es discutible el mínimo de ingresos por debajo del cual se exonera el pago (4BPC algo así como 9.000 pesos mensuales), pero ¿podemos discutir los demás aspectos de este impuesto?
Un grupo de universitarios está recolectando adhesiones para impulsar algunos cambios: bajar el plazo de aportación de 25 a 10 años, correr la fecha de inicio de aportes de 5 a 10 años, exonerar a quienes no ejercen profesionalmente y aumentar el mínimo no imponible a 15 BPC mensuales.
Primero me gustaría descartar la idea que pueda tener alguno de entender que se podrían tomar los dineros del Fondo de otros impuestos o que también paguen quienes estudiaron en universidades privadas. Ya que la idea no es financiar a la UdelaR con el dinero de todos, sino pedirle "algo a cambio" a quienes pudieron completar sus estudios universitarios en forma gratuita.
La UdelaR se financia con fondos públicos, ya que sus servicios (enseñanza, investigación, extensión) no solo favorecen a sus graduados sino a la sociedad toda. Incluso quienes no obtienen un título de egreso, hacen un aporte mayor en el día a día en organizaciones públicas y privadas de nuestro país.
Reducir el plazo de aportación haría que el fondo fuera menor, pero además reduciría el aporte total a una cifra ridícula comparada con lo que la persona recibe gratuitamente durante su formación universitaria. En universidades privadas la opción es tomar un préstamo y pagar durante años al banco.
El otro punto que no comparto es la exoneración a quienes no ejercen, ya que son muchísimas las profesiones que no están reguladas, y es significativo el número de profesionales que - aunque no hagan un ejercicio libre de la profesión - acceden a cargos a través de su titulación o utilizan sus conocimientos en la práctica laboral.
El Fondo de Solidaridad es justamente un instrumento solidario de devolución de una parte de lo que se ha recibido, para que otros también puedan recibirlo, sobre la base de una capacidad adicional obtenida. No pueden aplicar aquí los esquemas de tasas progresivas, ni evaluar (más allá de un mínimo general) la capacidad contributiva de los profesionales.
Y quien diga que el fondo no sirve para nada, que se informe mejor acerca del destino y resultados obtenidos (17% del total de los egresados son becarios, 90% del apoyo es a estudiantes del interior, el 42% regresan a su lugar de origen, mejores promedios que los no-becarios).
[elaborado en base a información publicada por Lucía Lorenzo en la diaria, 15/11/11]
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Sr. Budiño, como egresado de la UdelaR e integrante de la Asamblea del Claustro debería saber que el art. 66 de la Ley Orgánica expresa: “Los títulos y certificados de estudio que otorgue la Universidad de la República se expenderán gratuitamente libres del pago de todo derecho.” En función de ese artículo, y del n° 71 de la Constitución, que establece que la educación primaria, secundaria y terciaria es gratuita, el impuesto al fondo de solidaridad es ilegítimo. Los egresados no hicimos uso de un beneficio sino que ejercimos nuestro derecho de acceder la educación pública y gratuita, por lo tanto, nadie tiene derecho de pedirnos nada. No se trata de la idea que usted pueda tener sobre la aplicación de esa ley, sino de lo que está establecido. También debería saber que el Adicional que se le cobra al egresado que cursó una carrera de cinco años o más –como es su caso- SÍ tiene como destino financiar a la UdelaR, lo expresó claramente el representante de la Udelar en el Fondo de Solidaridad, el Sr. Martínez Quaglia, para un informe que se emitió por radio Carve hace unos días atrás.
ResponderEliminarEn la línea de pensamiento que usted plantea podemos entonces (sin ánimo de dar ideas) cobrar un impuesto a quienes egresan de secundaria, total, si hubieran ido a un colegio privado hubiesen pagado mucho más.
En cuanto a la afirmación de que “es significativo el número de profesionales que - aunque no hagan un ejercicio libre de la profesión - acceden a cargos a través de su titulación o utilizan sus conocimientos en la práctica laboral” sería oportuno que citara las fuentes porque contrariamente a lo que usted asevera, a la hora de buscar empleo, el egresado debe a menudo eliminar de su curriculum el título para poder acceder a un puesto: http://www.elobservador.com.uy/noticia/209475/sobrecalificados-para-trabajar/
Esa es la realidad de muchos egresados.
Le informo además, que el impuesto no lo pagamos solamente los egresados de la Universidad de la República, también están obligados los egresados de carreras terciarias de UTU, que usted no mencionó, y que también integran el grupo de reformulación.
Como egresado de la UdelaR y en calidad de integrante de la Asamblea del Claustro debería tomar el tema con mayor seriedad y no elaborar un informe a partir de una nota publicada en un diario. La penosa situación que atraviesan miles de egresados gracias a este impuesto lo amerita.
Silvia Cacciatori Filloy
Lic. en Artes Plásticas y Visuales.
Gracias Silvia por participar de esta reflexión.
ResponderEliminarSi fuera cierto lo que tú decís en la primer parte de tu comentario, podrías presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero que yo sepa no hay antecedentes de eso.
Yo sí mencioné (en el primer párrafo de mi artículo) que están obligados los egresados del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex-UTU).
Me apena que tu pienses que mi articulo no tiene la seriedad suficiente, y te aclaro que no se trata de un "informe" sino simplemente de una opinión sincera, meditada e informada de otro egresado de la UdelaR que tiene una opinión distinta a la tuya.
Sr. Budiño: es buena su intención de dabatir de eso se trata, el problema que ud. lo hace desde lo abstracto, sería bueno que se acerque a las historias de algunos seres concretos egresados universitarios que estan padeciendo la usura del FDS. Un numero como el 500 en el clearing y 10.000 deudores, ya son suficiente evidencia de que algo esta funcionando mal, a menos que crea que ese conjunto de personas son todos una manga de in-solidarios y jodedores profesionales que ganando suculentos sueldos se niegan a ayudar. El grupo reformulacion no esta en contra del FDS, a pesar de todo, siempre y cuando el dinero se destine a becas y no se le arranque la cabeza al contribuyente. Hay casos de personas con enfermedades terminales, que no pueden trabajar y tratan de gestionar alguna pensión, y aun presentandole documentacion profusa al FDS no le condonan la deuda, hay otros casos de gente que vive en el extranjero y aun habiendo dado cuenta de ello en tiempo y forma tienen terribles deudas: si este tipo de ejemplos que los hay y en abundante, basta ver la pagina del Grupo en Facebook le parece justo, entonces estamos en veredas contrarias. Pero par muestra basta un botón: soy egresado de la Escuela Universitaria de Psicología, curse por tante 4 años sin embargo me cobran por 5, razones, que el plan que habia cuando se reformulo la ley era de 5 años asi que marche preso, ahora la carrera de psicologos vuelve a tener 4 años ¿que cree ud. que va pasar? seguiremos pagando por 5!!!! seeeeeee ha salido sorteado viva la coherencia y la solidaridad. No ejerzo, no uso mi titulo para trabajar, claro por desicion propia no, mi sueldo en la mano es de $ 13.000,00 ¿sabe cuanto pago para el fondo el adicional y la deuda que genere?: $ 2.500,00 ¿Que le parece? este invierno por primera vez mi familia paso frio pues de algun lado tuve que achicar el gasto. A esta altura creo que a Ud. ya no le parece que todo esta tan lindo con el FDS, al menos que no tenga el minimo de sensibilidad, cosa que no creo que sea asi. Y hay decenas de casos asi, la mayoria de los egresados de Udelar y UTU sobreviven con sueldos de miseria, ¿Es justo invocar la solidaridad para algunos a fuer de ser in-solidario con otros? ¿Donde esta el pague mas el que tiene mas que se aplica para todos los otros tributos, lema que fue apoyado por el soberano en dos periodos consecutivos? De todas formas queremos seguir aportando ¿es demasiado pedir que sea de una forma ecuanime y considerando el aspecto humano? La gente suele tener un grado de masoquismo muy grande, pero ya es hora de cambiar y esperamos que Ud. reflexiones y nos acompañe. Abrazo fraterno y gracias por animarse a exponer sus motivos.
ResponderEliminarOscar Gonzalez
Psicologo
Sr. Budiño, si pone en tela de juicio los artículos de la Constitución y la Ley Orgánica que cité puede consultar las fuentes. Le cuento que efectivamente, el recurso de inconstitucionalidad fue presentado hace años y la Suprema Corte de Justicia falló a favor de la Ley del Fondo de Solidaridad, lo cual no significa que sea legítima. El contexto histórico era otro, no existía el IRPF, y la SCJ estaba integrada por otras personas, y como sabe, este último aspecto es determinante, ya tenemos experiencia en relación a otros temas.
ResponderEliminarMe disculpo por no haber leído bien, es cierto que cita a los egresados de UTU en el primer párrafo, lo que es inexacto es que un grupo de universitarios esté juntando firmas, ahí está la omisión, porque también los egresados de UTU lo están haciendo.
Entiendo que su texto se trate de una opinión. Como quiera que se llame, no me parece seria una opinión basada en la lectura de una nota de prensa, que es lo que usted señala al final.
Es grande la angustia de quien tiene familia con hijos y gana $ 13000 mensuales y tiene que disponer de casi $ 4000 en octubre y de otros $ 4000 en diciembre para ser solidario a la fuerza. Y si decide no pagar para no restarle recursos a su familia, después no le pagan el sueldo, no cobra la jubilación, lo mandan al clearing y hasta lo amenazan con embargos y otros males tan perjudiciales para cualquier ciudadano honesto que quiere vivir dignamente de su trabajo y no de la caridad social. El egresado, como cualquier trabajador, es la fuerza productiva de este país, la gente que suma, que aporta, que va para adelante. Con estas exigencias están matando a la gallina de los huevos de oro, con una ciega insensibilidad que llama al asombro.
ResponderEliminarOscar, me parece muy correcta tu forma de encarar el tema. Me parece bien subir el nivel de ingresos mínimo que permite la exoneración, pero como expresé en este post no comparto la idea de bajar el plazo de aportación de 25 a 10 años, ni correr la fecha de inicio de aportes de 5 a 10 años, ni exonerar a quienes no ejercen profesionalmente.
ResponderEliminarLos otros temas planteados parecen un grave problema administrativo que debe ser resuelto. Pero mantengo mi apoyo al propósito del Fondo.
Gracias también a Mariana por sumarse a la discusión.