lunes, 24 de diciembre de 2012

Miedo a la Libertad

La pasada semana la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Software Libre y Formatos Abiertos que establece que "en las instituciones y dependencias del Estado cuando se contraten licencias de software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En caso de que se opte por software privativo se deberá fundamentar la razón..." y además "deberán distribuir toda información en al menos un formato abierto, estándar y libre". Incluyendo también que "todo pedido de información deberá ser aceptado en al menos un formato abierto y estándar".

La propia ley recoge la definición de software libre como "aquel que está licenciado de forma que cumpla las siguientes condiciones:
1. Pueda ser usado para cualquier propósito.
2. Se tiene acceso a su código fuente de forma que puede ser estudiado y cambiado para adaptarlo a las necesidades.
3. Pueda ser copiado y distribuido.
4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas mejoras a la ciudadanía".

Finalmente en la norma propuesta se establece que "los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo para ser utilizados".

Por su parte la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) emitió un comunicado señalando su "preocupación ante el proyecto" e indicando que "podría incrementar el gasto del Estado y hace peligrar el crecimiento de la industria" con argumentos completamente alejados de la realidad.

Su presidente - Pablo Salomón - dice "no entendemos que [el software libre] deba tener una preferencia específica sobre otros" y se extiende en argumentaciones que destacan que "software libre, no significa que la solución de software sea gratuita", a lo cual el proyecto de ley no hace referencia alguna.

Es increíble que la CUTI (cámara que reúne empresarios del sector de las TIC) "no entienda" algo que ya se ha dicho tantas veces: free as in freedom, not as in 'free beer'. Aquí lo importante para un Estado es su soberanía y no el precio mínimo. Lo que promueve la ley es el uso de software que permita ser estudiado, modificado, usado y distribuido libremente.

Además el proyecto deja muy claro (y el comunicado de CUTI lo omite deliberadamente) que si bien se marca la preferencia por el software libre, se mantiene la posibilidad de adquirir o usar software privativo, fundamentando la razón de esa decisión.

El miedo de la CUTI de que la industria se vea afectada, se contradice cuando en el propio comunicado aclara que el uso de software libre no es gratuito ya que se deben contratar servicios de instalación, configuración, adaptación, capacitación y soporte; un área que puede generar tanto o más valor que el desarrollo de software privativo.

Contrariamente a lo dicho por la CUTI, nadie cree que "el software libre se trata de un montón de voluntarios que dedican su tiempo a crear soluciones desde sus casas". Hay oportunidades de negocio también en torno al sofware libre, por lo que la CUTI debería aprovecharlas en lugar de expresar tanto temor a perder su status quo.

Finalmente Salomón se equivoca nuevamente al afirmar que es un error formar en software libre ya que "las instituciones educativas siempre tienen que educar de la mejor forma posible a sus estudiantes en el conocimiento de plataformas o de software según las necesidades del mercado", y para peor agrega que no encuentra "el aspecto positivo de forzar o dar prioridad a algo que no va a ser requerido".

La enseñanza no debe seguir las reglas del mercado, sino que se debe regir por las necesidades de una comunidad, impulsando el crecimiento, el pensamiento crítico, la construcción de nuevos conocimientos, la transformación de la sociedad y la formación de ciudadanía.

Formar profesionales que sean capaces de aprovechar las libertades del software libre, no solo nos potencia como sociedad, sino que además permite a las empresas desarrollar nuevos productos y servicios.

El poder legislativo de un país tiene la obligación de escuchar a todos los sectores, pero también está obligado a tomar la mejor decisión que entienda conveniente para el país. Si por el contrario legislara en función de los limitados intereses de las cámaras empresariales o profesionales, no tendríamos desarrollo social alguno.

Este proyecto de ley no limita al Estado, lo potencia y lo orienta hacia el verdadero control de los sistemas utilizados, y abre muchas posibilidades de negocios en la industria de las tecnologías de la información, como ya lo hacen varias empresas uruguayas dedicadas al software libre (algunas incluso socias de la CUTI). Por lo que el sector de la industria de TI debería saber aprovecharlas.
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