El actual Fondo de Solidaridad exige a los graduados de la Universidad de la República un aporte destinado a financiar becas para estudiantes de la propia UdelaR y del Consejo de Educación Técnico Profesional (ex-UTU).Sin lugar a dudas es discutible el mínimo de ingresos por debajo del cual se exonera el pago (4BPC algo así como 9.000 pesos mensuales), pero ¿podemos discutir los demás aspectos de este impuesto?
Un grupo de universitarios está recolectando adhesiones para impulsar algunos cambios: bajar el plazo de aportación de 25 a 10 años, correr la fecha de inicio de aportes de 5 a 10 años, exonerar a quienes no ejercen profesionalmente y aumentar el mínimo no imponible a 15 BPC mensuales.
Primero me gustaría descartar la idea que pueda tener alguno de entender que se podrían tomar los dineros del Fondo de otros impuestos o que también paguen quienes estudiaron en universidades privadas. Ya que la idea no es financiar a la UdelaR con el dinero de todos, sino pedirle "algo a cambio" a quienes pudieron completar sus estudios universitarios en forma gratuita.
La UdelaR se financia con fondos públicos, ya que sus servicios (enseñanza, investigación, extensión) no solo favorecen a sus graduados sino a la sociedad toda. Incluso quienes no obtienen un título de egreso, hacen un aporte mayor en el día a día en organizaciones públicas y privadas de nuestro país.
Reducir el plazo de aportación haría que el fondo fuera menor, pero además reduciría el aporte total a una cifra ridícula comparada con lo que la persona recibe gratuitamente durante su formación universitaria. En universidades privadas la opción es tomar un préstamo y pagar durante años al banco.
El otro punto que no comparto es la exoneración a quienes no ejercen, ya que son muchísimas las profesiones que no están reguladas, y es significativo el número de profesionales que - aunque no hagan un ejercicio libre de la profesión - acceden a cargos a través de su titulación o utilizan sus conocimientos en la práctica laboral.
El Fondo de Solidaridad es justamente un instrumento solidario de devolución de una parte de lo que se ha recibido, para que otros también puedan recibirlo, sobre la base de una capacidad adicional obtenida. No pueden aplicar aquí los esquemas de tasas progresivas, ni evaluar (más allá de un mínimo general) la capacidad contributiva de los profesionales.
Y quien diga que el fondo no sirve para nada, que se informe mejor acerca del destino y resultados obtenidos (17% del total de los egresados son becarios, 90% del apoyo es a estudiantes del interior, el 42% regresan a su lugar de origen, mejores promedios que los no-becarios).
[elaborado en base a información publicada por Lucía Lorenzo en la diaria, 15/11/11]
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